La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes atendió hoy en una vista pública un paquete de medidas, con el fin de buscar una mejor seguridad y bienestar de los niños del país e investigar los problemas que enfrentan las agencias gubernamentales respecto a los casos de maltrato a menores.
“Recientemente fue señalado en la prensa del país que el número de menores maltratados en Puerto Rico se ha mantenido constante en los pasados cuatro años. Estamos viviendo una ola rampante de maltrato hacia los menores en el país, y por los retos que ha impuesto la pandemia del 2020 no se están denunciando la mayoría de estos casos. Estamos aquí para reconocer los problemas que enfrenta el sistema actual y mejorarlos por el bien de los niños puertorriqueños”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Lisie J. Burgos Muñiz.
En la audiencia pública, se atendieron las siguientes medidas: la Resolución de la Cámara 247, que investiga el uso que el Gobierno de Puerto Rico y las entidades sin fines de lucro le han dado a los fondos destinados a combatir la violencia contra las mujeres, niños, ancianos, personas sin hogar y otras poblaciones vulnerables; la Resolución de la Cámara 352, que investiga el Departamento de la Familia (DF), la Defensoría de las Personas con Impedimentos, los centros de servicios a envejecientes y organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y la Resolución Conjunta del Senado 190, que ordena al DF, el Departamento de Educación, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción, el Departamento de Salud y la Policía de Puerto Rico a establecer, en un término de no mayor de 60 días, un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico.
En tanto, la directora del Centro de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual del Programa Biosicosocial del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Yanira Carmona Quiñones, expresó que en Puerto Rico existe muy poco escrito sobre la integración de los servicios interdisciplinarios e interagenciales para la protección de los niños que sufren abuso en el país.
“Por años, los servicios enfocados al manejo de abuso sexual y el maltrato en sus tipologías se han visto interrumpidos por la falta de fondos recurrentes o limitaciones presupuestarias”, indicó la Directora.
La también doctora destacó que, a pesar de las limitaciones por la Ley 158-2013, conocida como ‘Ley Habilitadora de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual’, en julio 2014 comenzaron a brindar servicios interdisciplinarios e interagenciales promoviendo un acercamiento amigable en la evaluación y tratamiento de menores con sospecha de abuso sexual.
El Programa Biosicosocial del RCM ofrece servicios de referidos externos de menores de un día de nacido a 21 años de edad con sospecha de abuso sexual que residen en los pueblos de Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto y Loíza, así también a menores hospitalizadas en el Hospital Pediátrico por situaciones de abuso sexual o maltrato de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.
La directora del Centro resaltó que durante el período de 1 de julio de 2021 hasta el 20 de mayo de 2022 han recibido 126 nuevas situaciones de sospecha de abuso de menores. “El total de situaciones bajo la atención del Programa durante este año fiscal han sido 303, incluyendo las consultas telefónicas que tiene pendiente cita para servicios.
Por otro lado, el principal asesor del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Pedro J. Santiago Soto, anticipó que una de las prioridades que el Negociado está haciendo es reforzar adiestramientos virtuales. “Siempre hay espacio para mejorar. Estamos trabajando con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para poder desarrollar una plataforma de adiestramiento virtuales”, dijo.
A preguntas de la legisladora Burgos Muñiz sobre campañas educativas en el NPPR sobre este asunto, la Coordinadora de la División de Investigación de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, Maribel Maldonado Ortiz indicó que han llevado a cabo charlas presenciales con las víctimas que son de gran beneficio. “En estas charlas presenciales los menores se identifican y hacen el acercamiento, y además se identifican que están siendo víctimas de un abuso”.
“El Comisionado tiene un compromiso. No estamos cerrados en tener una campaña, pero en nuestra experiencia ha resultado en hacer charlas presenciales, porque los menores están ahí y no tienen a la persona que lo están abusando en el ambiente, pero no estamos cerrados en hacer una campaña que vaya dirigida a esa persona abusadora”, expuso Maldonado Ortiz, quien añadió que próximamente el Comisionado hará una campaña relacionado a los incidentes que ocurren con los adultos mayores.
Al finalizar la vista pública, la presidenta de la Comisión resaltó que tiene que haber una manera para que el DF, el Departamento de Justicia y el NPPR tengan una comunicación interna. “Estos casos de menores son muy fuertes y tenemos que atender la raíz del problema”, puntualizó.
